Liderazgo y trabajo en equipo
1. El liderazgo y el trabajo en equipo
El líder (del inglés leader, "guía") no es una persona superdotada, sino producto de un proceso de crecimiento personal que le permite conocer sus capacidades y debilidades para contribuir a las metas de la organización; es capaz de inspirar, guiar y aprender de otros, siendo a la vez maestro y alumno. Más que un componente de la organización, el liderazgo es un proceso que orienta, dinamiza y conduce el componente humano de la organización.
Las habilidades del líder que facilitan constituir equipos efectivos son: saber escuchar (tomar conciencia de los sentimientos, no solo oír las ideas), saber preguntar (para conocer bien los puntos de vista de todos), saber resumir (detectar dudas y sintetizar aportaciones), ser flexible y abierto a la crítica (recibirla como sugerencia de mejora, no como desvalorización personal), ser proactivo (actitud positiva ante los retos) y ser asertivo (expresar las ideas propias sin atropellar las de los demás). Entre sus atributos: interesarse por las capacidades de cada componente, ser formador de voluntades, comunicar con claridad su visión, ser impulsor de ideas y motivador, aceptar críticas constructivas, mantener una actitud positiva y proyectada al futuro, y sentirse orgulloso del desempeño de su equipo.
Un equipo es un conjunto de personas que realiza una obra común, con un número reducido de integrantes que intercambian funciones con flexibilidad y han aprendido a manejar sus diferencias. Para ser efectivo y perdurar, un equipo debe desarrollar: objetivos comunes claramente definidos, tareas y desempeños claros para cada integrante, procedimientos explícitos, buenas relaciones interpersonales, y un alto grado de interdependencia. En todo equipo son claves tres dimensiones: la tarea (qué hará el equipo y para qué se constituyó), el procedimiento (cómo lo hará) y el proceso socio-afectivo (las relaciones humanas de comunicación y colaboración dentro del equipo). A diferencia del grupo (donde cada uno responde solo de su área y sus intereses particulares), en el equipo la responsabilidad y el compromiso son de todas las áreas con los objetivos comunes, lo que aumenta la confianza, la comunicación fluida y la velocidad de respuesta.
2. Clases de equipos de trabajo en la organización policial
Los equipos o grupos pueden clasificarse: por su situación dentro de la organización, en formales (unidades de trabajo diseñadas por disposición de la organización, de forma temporal o permanente, para objetivos específicos) e informales (surgidos por el interés individual o colectivo de sus miembros, sin diseño organizacional deliberado, con normas y roles propios no escritos); por su apertura, en abiertos (admiten nuevos miembros) y cerrados (difícil incorporación de nuevos integrantes); y por su grado de identificación, en grupo propio y grupo ajeno, distinción relevante para los procesos de comunicación y para las actividades que requieren cooperación entre distintos equipos.
3. Jerarquía y consenso: iniciativa individual y responsabilidad en los equipos
La teoría moderna de sistemas humanos reconoce cuatro modelos de organización grupal: el jerárquico (el trabajo lo dirige un jefe que supervisa cada detalle y toma las decisiones; estructura piramidal, información controlada por líneas jerárquicas; cuando funciona bien, constituye un lugar seguro y firme, promoviendo la lealtad al jefe y al grupo); el libre (antítesis del anterior: los miembros actúan con iniciativa independiente, priorizando la libertad individual y la innovación sobre los intereses del grupo); el sincrónico (la coordinación no se basa en la comunicación, sino en un espíritu común sobreentendido, forjado por la convivencia armónica o por una fuerte personalidad que moldeó el equipo, con acuerdo tácito); y el de consenso (coordinación de iniciativas individuales mediante discusión y negociación abierta, con roles compartidos flexiblemente; excelente para problemas complejos, aunque con riesgo de caer en debates estériles).
Decidir por consenso permite que nadie imponga sus opiniones, que se aprovechen los conocimientos de todos los miembros, que se comprometan con las decisiones tomadas, que cada uno se sienta miembro activo, y que las diferencias de opinión se enfrenten como parte natural del proceso. Un grupo se convierte en equipo solo si desarrolla el sentimiento de responsabilidad colectiva por los resultados, cuyo espacio de desarrollo lo crea la confianza mutua entre sus miembros, forjada a través de los compromisos que asumen y cumplen. En un equipo de trabajo de profesionales de policía, la responsabilidad es siempre compartida por todos sus componentes, con independencia de que, desde el punto de vista organizativo, se demande específicamente al jefe del equipo.
La comunicación como hecho social
1. La comunicación como hecho social
La comunicación es el proceso a través del cual se transmite una idea o mensaje de un emisor a un receptor con la intención de obtener una respuesta o cambiar su comportamiento, opinión o actitud, dándose la posibilidad de influencias recíprocas. Sus elementos son: fuente o emisor, receptor, mensaje, canal, código (sistema de signos conocido por ambas partes) y retroalimentación o feedback — este último es el elemento clave que distingue la comunicación efectiva: sin respuesta del receptor no hay comunicación, sino simple información (impersonal, unidireccional, más clara y rápida, pero que solo mantiene el poder de quien emite).
2. Formas y canales de comunicación
Las formas de comunicación son: oral o verbal, visual (símbolos o figuras), auditiva (estímulos sonoros), escrita, y no verbal o kinestésica (movimientos corporales, gestos, expresiones). Estudios de comunicación indican que el 80% de los mensajes transmitidos cara a cara provienen de la comunicación no verbal, prevaleciendo esta sobre la verbal en caso de incongruencia — de ahí su interés para el interrogatorio policial. Los sistemas de comunicación no verbal son: artefactos (apariencia física, vestimenta, objetos); kinesis (movimientos corporales, con tres tipos de gestos: emblemas —traducción verbal directa, como asentir—, ejemplificadores —acompañan y enfatizan el discurso— y adaptadores —vestigios de comportamientos adaptativos, como acicalarse—); expresiones faciales y movimientos oculares (emisores primarios de mensajes emotivos); paralingüística (volumen, tono, ritmo de la voz, predictores de edad, sexo y origen); tacto (sujeto a reglas culturales según jerarquía o género); y proxémica (estudio de la distancia interpersonal: íntima, personal, social y pública).
3. La comunicación en las organizaciones y en los grupos de trabajo
La comunicación organizacional es relevante porque las organizaciones están compuestas por individuos y grupos cuya relación exige comunicación, porque se orientan a fines que deben ser conocidos por sus miembros, y porque la diferenciación y coordinación de funciones resulta imposible sin ella. Se distinguen cuatro tipos: la comunicación informal (surge de interacciones sociales no prescritas por la organización; positiva como válvula de escape y por su espontaneidad, pero con el riesgo de rumores y malentendidos); la comunicación formal, que sigue los canales planificados según la jerarquía, en dos direcciones — vertical descendente (de la dirección a la base, vinculada al mantenimiento del estatus: políticas, instrucciones, retroalimentación del desempeño) y vertical ascendente (de la base a la dirección: quejas, sugerencias, peticiones de aclaración) —, además de la horizontal o lateral (entre miembros del mismo nivel jerárquico, para coordinar tareas sin usar los canales formales de autoridad); la comunicación externa (entre la organización y el exterior, canalizada en la Policía Nacional por los delegados de prensa y portavoces); y la comunicación interna (entre la dirección y los miembros de la organización).
Aspectos psicológicos de la violencia en grupos de riesgo
1. Características de personalidad del agresor y de la víctima
La violencia intrafamiliar afecta especialmente a los grupos más vulnerables (mujeres, menores, ancianos, enfermos mentales, minorías), con independencia del nivel económico, cultural o del grupo étnico. La Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. No existe un perfil único de maltratador, pero se repiten rasgos: proceder de hogares violentos, trastornos psicológicos, abuso de alcohol o drogas, inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad e impulsividad. Algunos agresores son violentos solo en el hogar (trasladan a la pareja la agresividad acumulada en otros ámbitos, mostrando fuera conductas socialmente adecuadas) y otros lo son también fuera de casa (frecuentemente con experiencias de maltrato en la infancia e ideas distorsionadas sobre la violencia como forma de resolver conflictos).
Antes de la agresión física suele preceder violencia psicológica: abuso verbal, intimidación, amenazas, abuso económico (control de las finanzas, impedir trabajar), abuso sexual, aislamiento (control de amistades y movimientos), desprecio, y utilización de los hijos como mensajeros. El síndrome de dependencia afectiva es el nexo emocional que impide a la víctima romper con su agresor, perdonándole y justificándole siempre, alimentado por el aislamiento al que este la somete; contribuyen también la dependencia económica y el miedo a nuevas amenazas. La víctima puede sufrir trastorno por estrés postraumático, baja autoestima, ansiedad, depresión, fobias, crisis de pánico o trastornos de alimentación.
2. La violencia de género: trasfondo psicológico
La violencia familiar se articula en un círculo de tres fases: acumulación de tensión (el agresor descarga tensión en objetos y agresiones verbales), episodio agudo de violencia física y psicológica, y calma o "luna de miel" (el agresor se muestra arrepentido y promete cambiar). Conforme a la teoría del aprendizaje social, los hijos testigos de esta violencia pueden aprender por imitación que la violencia es la forma de resolver conflictos, sufriendo riesgo de alteración de su desarrollo, dificultades de aprendizaje y socialización, comportamientos violentos con compañeros y alta tolerancia a la violencia.
3. La violencia contra menores y personas de la tercera edad
Ante el maltrato a su madre, el menor puede reaccionar identificándose con ella (sintiéndose también víctima), intentando protegerla (atrayendo la ira del padre sobre sí), identificándose con el agresor (reproduciendo en el futuro conductas maltratadoras) o desentendiéndose de la familia (desarraigo). Son indicadores de un entorno familiar con posible maltrato: alteraciones de conducta (introversión, agresividad), alteraciones emocionales (baja autoestima, apatía) y bajo rendimiento o absentismo escolar. La Instrucción 1/2024 de la SES (Procedimiento Integral de la Detención Policial), en su art. 13.2 ("Identificación de Menores e Incapaces en Situación de Riesgo"), regula la restricción de movimiento y traslado a instalaciones policiales de menores en situación de riesgo o abandono (incluidos los fugados de sus hogares o instituciones de acogida) para su entrega a las personas o instituciones adecuadas.
La Primera Conferencia de Consenso sobre el Anciano Maltratado (España, 1995) definió el maltrato al anciano como cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, sobre personas de 65 años o más, en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere su integridad física, psíquica, su autonomía o sus derechos fundamentales. Entre los factores de riesgo (no causales, sino que aumentan la probabilidad) destacan el estrés del cuidador, la dependencia del anciano, los antecedentes de violencia familiar y la residencia en centros que apenas cumplen las condiciones mínimas de atención. Los tipos de abuso son: físico (agresiones, quemaduras, abuso sexual), negligencia física (deshidratación, malnutrición, higiene inadecuada, medicación incorrecta), psicológico (agresiones verbales, aislamiento, amenazas de abandono o institucionalización) y económico (robos, ocultación de bienes, mal uso del dinero del anciano).
Adaptación al entorno sociológico
1. Importancia del factor cultural en la persona
La cultura es el modo en que los seres humanos se adaptan a su entorno, modificándolo si es necesario; para la sociología, el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales que constituyen el modo de vida de una sociedad. Aplicada a la profesión policial, la cultura incluye símbolos (el saludo), vocabulario o jerga, conocimientos jurídicos y científicos, normas y protocolos de actuación, y objetos materiales (armas de fuego). Sus componentes son: los símbolos (cualquier elemento con significado reconocido por quienes comparten una cultura, cuyo desconocimiento provoca "choque cultural"); el lenguaje (sistema de símbolos —auditivo, visual, táctil, olfativo— que distingue al ser humano, con especial interés policial en saludos, jerga y tatuajes de bandas violentas); los valores y creencias (los valores orientan el comportamiento y se forman desde la infancia; las creencias son la estructura de pensamiento que sustenta esos valores); las normas y costumbres (prescriptivas o proscriptivas, explícitas o implícitas); y los objetos materiales.
Dentro de la cultura dominante conviven: la cultura mayoritaria (elementos culturales de la mayoría, relativa según el contexto territorial) y la cultura minoritaria (perfectamente integrada pero diferenciada, habitualmente de base étnica); la subcultura (elementos de un grupo que acepta las normas de la cultura dominante manteniendo rasgos propios, como los colectivos socioprofesionales); la contracultura (rechaza los valores de la cultura dominante, pero respeta sus reglas del juego); y la cultura marginal, que transmite contravalores violentos y competitivos (pandillas, bandas, tribus urbanas), exigiendo la actuación de los controles formales.
2. El concepto de socialización
La socialización es el proceso por el que la persona aprende e interioriza, a lo largo de su vida, los elementos socioculturales de su entorno, integrándolos a su personalidad y adaptándose así a la vida social. La socialización primaria corresponde a la infancia (lenguaje, costumbres, normas y valores, principalmente por imitación, con la familia como agente principal); la socialización secundaria afecta al adulto (a partir de los 18 años, con reajuste de las pautas primarias), incluyendo la integración en la subcultura o cultura policial. Los agentes de socialización son: la familia (el más importante, especialmente antes de la escolarización), la escuela (amplía el mundo del niño más allá del ámbito familiar), el grupo de iguales (aporta relaciones de igualdad y puntos de vista diferentes) y los medios de comunicación de masas (ejercen una presión social creciente).
3. Cultura y desviación social
La desviación es la no conformidad a una norma aceptada por un número significativo de personas, comportamiento que lleva aparejada una sanción; el individuo con conducta desviada se aparta de las expectativas sociales; el delito es un tipo específico de desviación consistente en el quebrantamiento de la ley. La sociedad tolera una "desviación positiva" (personas audaces, creativas) sin sufrir por ello desorden social. Tres teorías sociológicas explican la desviación: la funcionalista (la desviación cumple funciones sociales: establecer límites morales, consolidar la unidad social, e impulsar el cambio social); la de la subcultura (Escuela de Chicago: la conducta desviada se aprende en el barrio o entorno, surgiendo entre jóvenes de clases bajas con menos medios legítimos para sus aspiraciones); y la del etiquetamiento o labelling approach (la desviación es el comportamiento etiquetado como tal por la sociedad, que crea reglas cuya infracción constituye la desviación). Los tipos de desviación social son: el marginado (situado al margen de la normalidad por razones de edad, sexo, situación económica o etnia, sin haberlo elegido, y relacionado con deficiencias en la socialización primaria); el inadaptado (comportamiento voluntariamente discrepante de las pautas "normales", vinculado a deficiencias en la socialización secundaria); y el delincuente (realiza actos tipificados como delito en el Código Penal, sin que todo marginado o inadaptado lo sea necesariamente).
4. El control social
El control social es la presión social, formal o informal, dirigida a evitar la conducta desviada, incluyendo todas las medidas para prevenir, evitar o castigar el delito. El control formal lo integran las leyes y normas (policía, administración de justicia, instituciones penitenciarias), con penas, sanciones, multas o medidas de seguridad como instrumentos. El control informal lo ejercen la familia, la religión, los medios de comunicación, la profesión o la escuela, mediante normas no escritas asumidas como legítimas; cuando falla, entran en juego las instancias formales. Las precauciones rutinarias son medidas cotidianas de autoprotección frente a la victimización (cerrar con llave, alarmas, videovigilancia), en expansión gracias a la incorporación de nuevas tácticas de vigilancia privada.
5. El delincuente: factores influyentes
Tienen relación comprobada con la delincuencia los factores de socialización (familia desestructurada, fracaso escolar, grupo de amigos "antisociales" —la delincuencia juvenil se comete mayoritariamente en compañía—), los factores socioeconómicos (el crecimiento económico genera delincuencia de "cuello blanco" —estafas, delitos fiscales, blanqueo—, raramente perseguida; la crisis económica incrementa los delitos contra el patrimonio; la clase social baja presenta mayor propensión a la desviación) y los factores del entorno físico (mayor delincuencia contra el patrimonio en grandes ciudades, más homicidios en zonas rurales, mayor oportunidad delictiva ante escasa vigilancia o iluminación deficiente). También influyen la edad, el sexo (menor participación femenina) y la droga.
Identidad corporativa y apoyo técnico en la Policía Nacional
1. La Subdirección General del Gabinete Técnico
La Subdirección General del Gabinete Técnico es el órgano de la Dirección General de la Policía con funciones de apoyo y asistencia al Director General, para facilitarle el despacho y la coordinación de los órganos y unidades que de él dependen; elabora estudios e informes, tramita disposiciones de carácter general y cuantas otras misiones le encomiende el titular de la DGP. Entre sus funciones: asistencia al Director General, preparación de proyectos normativos, respuestas a preguntas parlamentarias y al Defensor del Pueblo, elaboración y distribución de la Orden General, coordinación de publicaciones y administración de la web oficial. Se integra por: la Secretaría General (apoyo y gestión de medios); el Área de Derechos Humanos e Igualdad (Oficina Nacional de Derechos Humanos y Oficina Nacional para la Igualdad de Género, vinculadas a los Objetivos 16 y 5 de la Agenda 2030); el Área de Publicaciones (coordinación editorial y relación con la Fundación Policía Española); el Área Jurídica (elaboración de normativa, informes jurídicos y trámite de asuntos ante la Agencia Española de Protección de Datos); y el Área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa (Servicio de Protocolo y Oficina Marca Policía Nacional, que dirige los actos públicos institucionales y gestiona la marca).
2. Protección de datos
El art. 18.4 CE reconoce como derecho fundamental que la ley limite el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad. El marco normativo vigente en protección de datos lo integran el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Directiva (UE) 2016/680, la LO 3/2018 (LOPDGDD) y la LO 7/2021 (fines de prevención, investigación y enjuiciamiento penal). En la Policía Nacional, el Área Jurídica del Gabinete Técnico tramita los asuntos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad administrativa independiente con plena capacidad pública y privada, que puede recabar información, realizar inspecciones y examinar equipos y tratamientos sujetos a investigación (art. 53 LOPDGDD), requiriendo consentimiento o autorización judicial para acceder al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado. Dos conceptos esenciales del RGPD: tratamiento (cualquier operación sobre datos personales: recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión) y fichero (conjunto estructurado de datos personales accesibles según criterios determinados).
3. Identidad corporativa e imagen institucional
La imagen corporativa es la impresión total que una organización genera en la mente de los ciudadanos, conformada por sus percepciones, impresiones y experiencias; se distingue de la imagen de marca (signos visuales y verbales identificativos) y de la imagen de producto. Se forma a través de los medios de comunicación, las relaciones interpersonales y la experiencia personal (estas dos últimas más decisivas), y está constituida por lo que la organización "es", lo que "hace" y lo que "dice". Para la Policía Nacional, cuidar su imagen es esencial porque de ella depende el éxito de sus intervenciones y la consecución de su función constitucional de proteger el libre ejercicio de derechos y garantizar la seguridad ciudadana; la LO 9/2015 consolidó esta imagen adoptando la denominación "policías nacionales", más reconocida por la ciudadanía.
El Manual de Identidad Corporativa de la Policía Nacional, impulsado por el Gabinete Técnico, sirve de referencia normativa para el uso de los símbolos identificativos oficiales, reforzando la imagen del Cuerpo como símbolo de calidad y excelencia. La Policía Nacional cuenta con tres elementos visuales: el emblema, el emblema esquema y el logotipo de Policía Nacional, únicos símbolos identificadores de la institución tanto en el ámbito nacional como internacional (el emblema esquema no puede formar parte de otro logotipo o marca, ni usarse sobre fondos que distorsionen su identificación). La Oficina de Marca Policía Nacional, incardinada en el Gabinete Técnico, asesora y supervisa la aplicación de estos criterios. Un servicio de calidad orientado al ciudadano exige, entre otros elementos: buena acogida, escucha activa, empatía, disponibilidad, capacidad de resolución de problemas y conversión de las quejas en oportunidades de mejora.
La víctima de la delincuencia
1. Concepto y tipología
La criminología se centró tradicionalmente en el delincuente, dejando a la víctima un papel testifical desamparado. El interés por la víctima es reciente (Von Henting y Mendelsohn, hacia 1940) y creció desde los años 60 gracias a las encuestas de victimización en EEUU y al impacto del asesinato de Kitty Genovese (atacada durante más de 30 minutos ante la pasividad de sus vecinos). La Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder (1985) define víctima como toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños físicos, mentales, emocionales, financieros o menoscabo de derechos fundamentales por acciones u omisiones que violen la legislación penal, incluyendo a familiares y a quienes sufran daños al asistir a la víctima. La Victimología (ciencia autónoma desde el Primer Simposio Internacional de Jerusalén, 1973) estudia a la víctima, su personalidad y su relación con el delincuente.
Entre las clasificaciones destacan la de Neuman (víctimas individuales —inocentes, provocadoras/cooperantes, o con actitud dolosa—; familiares; colectivas; y sociales, con predisposición por factores personales, sociales o situacionales) y la de Landrove (víctima no participante —accidental o indiscriminada, como en atentados terroristas—; víctimas participantes; familiares; colectivas —despersonalizadas, como el Estado en delitos financieros—; especialmente vulnerables —por edad, profesión, como los Cuerpos de Seguridad—; simbólicas —elegidas para atacar una ideología o religión—; y falsas víctimas —simuladoras conscientes o imaginarias erróneas—).
2. El tratamiento de la víctima
El art. 5.2 LO 2/1986 (FCSE) exige un trato correcto y esmerado en las relaciones con los ciudadanos, a quienes se debe auxiliar y proteger. A diferencia de las víctimas de accidentes, las víctimas de un delito experimentan además sentimientos de agresión y rabia hacia el autor, que se reactivan durante la denuncia o el juicio. El Comité de Ministros del Consejo de Europa (recomendaciones de 28-6-1985 y 17-9-1987) exige a los Estados: tratar a la víctima sin daño psíquico adicional; informarle de las ayudas materiales, médicas y psicológicas disponibles y de sus derechos de reparación; interrogarla con cuidado sin lesionar su honorabilidad; y explorar a los menores solo en presencia de sus representantes legales, además de sensibilizar a los servicios públicos, inventariar los recursos de asistencia existentes y desarrollar políticas específicas para los grupos vulnerables. En España, las CCAA han creado Servicios de Atención a las Víctimas del Delito con equipos multidisciplinares. La actuación policial se distingue en dos escenarios: en la calle (información clara y ayuda inmediata) y en comisaría (trato preferencial, privacidad y seguridad, especialmente en agresiones sexuales o con menores), articulándose en tres líneas: prevención, tratamiento integral y formación especializada uniforme.
3. Los grupos de riesgo: mujeres, menores y tercera edad. I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027
Mujeres, menores y personas de la tercera edad constituyen grupos especialmente vulnerables por circunstancias propias: la intimidad doméstica en el caso de las mujeres, la falta de madurez física y mental de los menores, y el desvalimiento físico y mental de los mayores. La Instrucción 5/2023 de la SES aprueba el I Plan Estratégico para la Prevención de las Violencias Sexuales 2023-2027, que reconoce la violencia sexual como problema de seguridad y salud pública (con cifra negra elevada, afectando especialmente a menores, minorías y personas con discapacidad), articulado en 6 ejes estratégicos centrados en la prevención transversal, la concienciación, la formación, los protocolos bidireccionales, los grupos de trabajo interministeriales y la investigación científica, colocando siempre a la víctima en el centro de la actuación.
4. Atención policial a las víctimas
El primer contacto del ciudadano tras la victimización suele ser con la Policía, que debe ofrecer una atención homogénea. El ciudadano busca de la policía: sentirse seguro, sentido de justicia, conocimiento e información, y trato correcto. El Código Ético de la Policía Nacional (2013), pionero en España, recoge en su art. 17 el principio de transparencia y accesibilidad (el policía debe ser accesible y reconocible, rendir cuentas y dar información veraz salvo secreto profesional) y en su art. 20 el principio de igualdad y no discriminación (servicio sin discriminación por origen, raza, religión, sexo, edad, ideología, discapacidad o condición social, cuidando el lenguaje y los gestos que puedan inducir sensación de trato discriminatorio).
5. Victimización secundaria. Generar espacios para la denuncia
La victimización secundaria es la agravación —en el plano psicológico— derivada de la relación de la víctima con el propio sistema jurídico-policial: dilación de la justicia, retención de sus bienes como prueba, encuentros con el agresor, duda sobre la veracidad de su testimonio o falta de información. La victimización institucional es especialmente nociva porque la lleva a cabo precisamente la administración encargada de tutelar sus derechos, provocando indefensión y pérdida de confianza en el sistema. Los funcionarios de las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, frecuentemente los primeros en recibir a la víctima, deben: contribuir a tranquilizarla; evitar comentarios subjetivos que generen falsas esperanzas; dispensarle un trato correcto como persona victimizada; priorizar a las víctimas de delitos traumáticos (agresión sexual) facilitando privacidad inmediata en un despacho reservado; evitar que víctima y autor coincidan en el mismo espacio; y proporcionar toda la información posible, derivando a la administración competente cuando proceda. La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, pretende ofrecer desde los poderes públicos una respuesta jurídica y social reparadora y minimizadora de los efectos traumáticos del delito.
Evolución de los Derechos Humanos y su impacto en la labor policial
1. Evolución de los Derechos Humanos y su impacto en la labor policial
Los derechos humanos, reconocidos universalmente en la Declaración Universal de 1948, se basan en la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Sus características son: universales, imprescriptibles, inalienables e indivisibles, irrenunciables e históricos. Su evolución se estudia en cuatro generaciones: la primera o etapa fundacional (desde el s. XV, con el habeas corpus inglés de 1640, la Declaración de Independencia de EEUU de 1776 y la Declaración francesa de 1789; reconoce derechos individuales y políticos, "de defensa", que obligan a la policía a ajustar su actuación al principio de legalidad: no detener sino en los casos legales, plazos determinados, abolición del tormento); la segunda o de universalización (Declaración de 1948, potenciando derechos sociales, económicos y culturales; en el ámbito policial, exige concebir a la policía como servicio público representativo de la sociedad, con trato correcto e imparcial y mayor autonomía respecto del poder político); la tercera o de especialización (protección de colectivos vulnerables —niños, mujeres, minorías, refugiados, detenidos, víctimas—, con convenciones específicas entre 1969 y 1990, dando lugar a unidades especializadas como el GRUME, el SAM, el SAF o las UPAP); y la cuarta, ante los nuevos retos (conflictos bélicos, ecología, migraciones, nuevas tecnologías), que potencia los derechos de las víctimas y de las personas con discapacidad, exigiendo una policía más especializada y sensibilizada socialmente.
2. Diferenciación entre Código Ético y Código Deontológico
Un código ético es la recopilación de valores, principios y pautas de conducta que regulan el comportamiento; la Dirección General de la Policía presentó el Código Ético de la Policía Nacional el 5 de abril de 2013, definiendo las relaciones de sus miembros con los ciudadanos, otros profesionales de seguridad y entre compañeros, superiores y subordinados, con adhesión voluntaria, libre y responsable, estructurado en cuatro capítulos: objetivos del Código, papel de la Policía en una sociedad democrática, principios organizativos (valores profesionales) y código de conducta. Un código deontológico es el conjunto de reglas y guías de comportamiento, de obligado cumplimiento, necesario en la profesión policial por ser sensible para los ciudadanos, por las facultades que se otorgan a los agentes (susceptibles de abuso) y por la pluralidad de las sociedades democráticas actuales; sus ejes son los Principios Básicos de Actuación.
3. Aplicación de los principios éticos en la Policía Nacional
Los valores profesionales del Código Ético son: responsabilidad y liderazgo (libertad para decidir y asumir resultados, con autocrítica permanente; el liderazgo se reconoce por competencia y mérito); competencia (saber y saber hacer, actualización de conocimientos, mejora continua); integridad y disciplina (ajustar la conducta a los principios éticos, oponerse y denunciar la corrupción, incurriendo en falta tanto quien la comete como quien la tolera o no la denuncia); dedicación y compromiso (respuesta rápida a los requerimientos ciudadanos, disponibilidad y escucha); corrección e imagen (cuidado del uniforme, empatía, imparcialidad, abstención de alcohol o sustancias que alteren el servicio, comportamiento adecuado incluso fuera de servicio); flexibilidad y creatividad (soluciones alternativas ante situaciones conflictivas); y trabajo en equipo (igual dignidad de todos los integrantes, reparto de tareas, apoyo incondicional salvo ante actuaciones corruptas).
4. Igualdad en la Policía Nacional
El Área de Derechos Humanos e Igualdad, incardinada en la Subdirección General del Gabinete Técnico, vela por el cumplimiento de esta normativa. La Oficina Nacional para la Igualdad de Género (ONIG), creada por Resolución de 2 de febrero de 2018, en desarrollo de los arts. 14 y 9.2 CE, tiene como objetivos mantener actualizado el conocimiento de la situación de la mujer en la Policía Nacional, detectar áreas de discriminación, favorecer la conciliación y mejorar la representación y empoderamiento femenino, actuando como Observatorio y como Delegada para la Tutela de la Igualdad, con una red de puntos de contacto centrales y periféricos. El I Plan de Igualdad en la Policía Nacional (Resolución de 28 de febrero de 2023, vigencia de 4 años) tiene como objetivos eliminar las desigualdades en todas las escalas, apoyar la conciliación y prestar especial atención a la prevención de la violencia y el acoso, contando con una Comisión de Seguimiento permanente.
5. Derechos Humanos en la Policía Nacional
La Oficina Nacional de Derechos Humanos (ONDH), creada por Resolución de 27 de septiembre de 2019, define políticas y asesora en materia de Derechos Humanos, fomentando un compromiso interiorizado en todos los niveles de la institución, operando como Observatorio y Delegada para la Tutela de los Derechos Humanos, coordinando la formación y las relaciones institucionales en la materia. La Instrucción 1/2022 de la SES crea la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH), integrada en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS), para el seguimiento, coordinación y evaluación del compromiso de las FCSE con los Derechos Humanos, regulando la recogida y registro de datos sobre hechos que pudieran suponer una vulneración de derechos fundamentales en una actuación policial; la Circular de 29 de julio de 2023 asegura su cumplimiento, en particular respecto a la grabación de las denuncias por presunta vulneración de derechos fundamentales.
Prevención del suicidio
1. El Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta Suicida
Aprobado por Resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Dirección General de la Policía, en consonancia con la Ley 31/1995 y el RD 2/2006, este Plan desarrolla el derecho de los Policías Nacionales a una protección eficaz de su salud, con un enfoque integral que alcanza a funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual.
2. Bienestar laboral y reducción del estrés
Siguiendo la definición de la OMS (la salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo ausencia de enfermedad), el Plan identifica cuatro áreas básicas de un entorno de trabajo saludable: el ambiente físico, el ambiente psicosocial (clima organizacional, participación en decisiones), los recursos personales de salud que la organización pone a disposición del trabajador, y la participación de la organización en la comunidad.
3. Niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria
La OMS define la prevención de la enfermedad como las medidas destinadas no solo a prevenir su aparición, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida, distinguiendo tres niveles según la fase del problema. La prevención primaria actúa antes de que se produzca el problema: sensibilizar sobre la relevancia de la salud mental (desmitificando que una baja psicológica perjudique la carrera profesional), procurar un buen ambiente de trabajo (liderazgo positivo, mediación de conflictos, protocolo frente al acoso laboral), crear una línea telefónica gratuita y confidencial atendida 24 horas, detectar alteraciones psíquicas desde el proceso de selección y formación de aspirantes, y mejorar las capacidades de afrontamiento mediante programas de autorregulación emocional. La prevención secundaria detiene el avance del problema y atenúa sus consecuencias una vez presente: detección del riesgo de conducta suicida y otros trastornos mentales, actuación directa del Equipo de Intervención Psicosocial (EIP), y apoyo psicológico tras incidentes críticos (uso del arma reglamentaria, emergencias o catástrofes, heridos de gravedad). La prevención terciaria minimiza las secuelas de un problema ya presente: continuidad asistencial, valoración de las capacidades psicofísicas (con propuesta, en su caso, de retirada cautelar de armas de fuego), atención a compañeros y familiares ante suicidios consumados o intentados, y elaboración de un informe sobre las circunstancias del caso (autopsia psicológica) para mejorar la prevención futura.
4. El Equipo de Intervención Psicosocial (EIP)
El EIP está incardinado en el nivel central de la Dirección General de la Policía, dentro del Área de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, integrado por personal con titulación y experiencia clínica (pudiendo incorporar trabajadores sociales y mediadores). Su función es asistencial: apoyar y orientar psicológicamente a cualquier empleado público de la DGP que sufra un malestar psicológico, sea cual sea su origen (laboral, personal o familiar), con especial atención a quien haya participado en una intervención potencialmente traumática, haya intentado suicidarse, o sea familiar o allegado de un suicidio consumado. A nivel periférico, la atención la prestan los facultativos psicólogos de las Unidades Básicas Sanitarias, pudiendo ser apoyados por el EIP.